El censo de coches oficiales y su
crecimiento por todo el país es un detalle que confirma la poca colaboración de
las autonomías y ayuntamientos para frenar el despilfarro público, mientras
El Gobierno no recorta sus coches oficiales y las autonomías y
ayuntamientos los multiplican.
En España hay 22 veces los coches
oficiales de Estados Unidos, una exageración si se tiene en
cuenta que en Estados Unidos viven más de 300 millones de habitantes frente a
los poco más de 40 que habitan en España. Los Presupuestos Generales de 2012
reflejan que la flota de coches oficiales no ha sufrido ningún recorte en el
gobierno central, mientras que las autonomías y ayuntamientos los han
multiplicado por cinco en los últimos diez años.
Según datos de la Intervención General
del Estado, en España circulan más de 22.000 coches oficiales, de los que unos
11.000 corresponden a ayuntamientos, 9.200 a las Comunidades Autónomas, 1200 en
Diputaciones y unos 300 en organismos supramunicipales como mancomunidades. A
ellos debemos sumar los más de 800 de la Administración central, que
proporcionalmente es quien menos coches tiene. Estos coches oficiales llevan aparejados
una plantilla de unas 50.000 personas. Una parte importante, son policías,
sobre todo municipales que prestan al mismo tiempo el servicio de chófer y
escoltas, principalmente en el caso de los ayuntamientos.
Esta cifra, es cinco veces superior a
la existente a hace 10 años, y achacan el crecimiento
principalmente a la fiebre de los alcaldes al coche oficial, que provocó que las
comunidades también compitieran en aumentar sus flotas para no quedar atrás en
la competición, a costa del erario público. Además hay también una flota “incontrolada”
perteneciente a empresas públicas y empresas participadas con fondos
públicos, por lo que la cifra de coches pagados a cargo del erario público
es todavía mucho mayor.
Eso sin entrar a valorar el valor de
los coches oficiales de algunos alcaldes en España como por ejemplo Pedro Castro (Getafe), 120.000 euros de
coche oficial, Manuel Robles de Fuenlabrada (100.000 euros), Rafael Gómez de
Leganés (80.976 euros), Enrique Cascallana de Alcorcón, otro tanto… y así suma y
sigue. Los políticos que piden a los ciudadanos que se aprieten el cinturón
mientras ellos no se bajan del coche oficial.
Y mientras, en todas las ciudades, se
preparan nuevas subidas del transporte público que no utilizan los cargos
públicos como hacen en otros países como el alcalde de Nueva York que viaja en
Metro, o en Holanda donde la reina viaja en bicicleta en sus traslados
habituales. Claro que las comparaciones, son odiosas.